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Es innegable que la administración electrónica está introduciendo grandes cambios en la forma de trabajar en las organizaciones. Quizás uno de los más destacables es la interoperabilidad, una palabra que cuesta pronunciar a veces, pero que supone un gran avance y la gran oportunidad para una administración única y eficiente.

La “administración única” es un desafío, en administraciones tremendamente complejas y segmentadas por competencias o en su relación con otras administraciones con las que las comparten o a las que las han transferido. Esta administración difícilmente puede no ser electrónica e interoperable, teniendo en cuenta que el ciudadano tiene el derecho de relacionarse con ella en cualquier momento y forma, y esto exige su ubicuidad.

Además, un servicio público eficiente exige la reducción de las cargas administrativas de los ciudadanos, es decir, la eliminación de obligaciones innecesarias, por ejemplo, no requerir documentos o datos que obren en poder de las Administraciones, reducir la frecuencia de petición de datos, reducir los plazos de tramitación de los procedimientos, etc. lo cual únicamente es posible no solo con la implantación individual de la administración electrónica, sino a través de la comunicación y homologación “de todas las administraciones electrónicas”, es decir, de la interoperabilidad.

En términos más técnicos, la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

Pero la interoperabilidad no es sólo conexión de sistemas, la interoperabilidad tiene su propia cadena, es decir, se requiere una sucesión de elementos enlazados e interconectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimensiones técnica, semántica y organizativa, y supone una verdadera comunicación y entendimiento, por lo tanto, podemos hablar de cuatro caras o aspectos de la interoperabilidad:

Interoperabilidad técnica, quizás sea la más sencilla o la más fácil de conseguir, puesto que hace referencia a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, esto es interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad y sus aspectos relacionados.

Interoperabilidad en el tiempo significa una exigencia de conservación de la información en soporte electrónico para garantizar la interacción entre elementos independientemente de la oleada tecnológica a la que pertenezcan.

Interoperabilidad organizativa es la que exige la capacidad de las entidades y, lógicamente, de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

Interoperabilidad semántica es quizá la más compleja o en la que es necesario incidir más, puesto que el trabajo aislado de las administraciones ha generado silos informativos. Esta dimensión de la interoperabilidad exige que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

Para que esta interoperabilidad sea una realidad las administraciones necesitan infraestructuras y servicios comunes, es decir, instrumentos operativos que facilitan el desarrollo y despliegue de nuevos servicios, así como la interoperabilidad de los existentes, creando escenarios de relación multilateral y que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos como las redes de comunicaciones, las plataformas de verificación de certificados (de identidad, de residencia, tributos, títulos de enseñanza, justicia, etc., en función de lo desarrollado por cada país) y los nodos de interoperabilidad, es decir, los organismos que prestan servicios de interconexión técnica, organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de Administraciones Públicas bajo las condiciones que éstas fijen.

Un ejemplo que podemos mencionar es el de Chile, donde se ha creado la Plataforma de Interoperabilidad de Servicios Electrónicos del Estado (PISEE) a través de la cual más de 63 Instituciones públicas consumen y proveen información de 133 servicios web integrados, así como otras medidas relacionadas. Puedes leer más sobre estas iniciativas en el Informe Gobierno Digital: transformando la relación del Estado con la Ciudadanía (2014-2018).

Como hemos visto, el despliegue de la interoperabilidad es todo un reto que vale la pena asumir en pro de la eficiencia y del desarrollo sostenible. Al entender mejor qué aspectos involucra esta nueva forma de administración, no podemos evitar recordar el papel protagónico que está jugando la transformación digital en el gobierno abierto y en la prestación de los servicios públicos.